El Gobierno dominicano dispuso este mi{ercoles el cierre de la franja norte de la frontera dominico-haitiana, sin que hasta el momento se conozca de manera oficial el motivo que llevó a las autoridades a adoptar dicha medida, aunque se especula que la decisión obedece a que en territorio de la vecina Haití, prosiguen los trabajos de construcción de un canal por parte de una empresa privada para supuestamente desviar el agua del río Masacre hacia esa nación.
Se ha señalado que la zona fronteriza es resguardada por el lado dominicano y se aprecia una extrema vigilancia por miembros del Ejército y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza.
Por otra parte, el Gobierno nacional solicitó el pasado domingo a las autoridades haitianas que detengan de inmediato el reinicio de la realización de un canal ejecutado por particulares, cuyo propósito es desviar las aguas del río Masacre, según destacó la cancillería.
El comunicado precisó que el pedido se fundamenta en la preocupación legítima sobre los efectos negativos que esta obra podría causar a los productores agrícolas de los dos países.
También conocido como Dajabón, el río Masacre delimita la frontera entre la República Dominicana y Haití desde 1776.
Según el Ministerio de Exteriores dominicano, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, expresó su preocupación acerca de dichos trabajos e igualmente se indicó que una delegación del Ministerio del Interior de este país fue enviada a la zona, con el fin de buscar una solución definitiva.
La nota destacó que Henry fue enfático en afirmar que el proyecto no es gubernamental y explicó que el mismo valoró el gesto de cooperación de Santo Domingo. El canciller Álvarez sostuvo que esta obra viola el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936, y señaló que los límites entre los dos países son definitivos y inamovibles.
El documento puntualizó que el proyecto tiene la aparente intención de canalizar el agua, con el propósito de venderla de forma privada a los agricultores haitianos, sin contar con la autorización oficial del Gobierno de esa vecina nación.
Por el lado haitiano, el ex primer ministro Claude Joseph negó que Haití violara ningún tratado internacional por la construcción del canal y reiteró que su país no tiene por qué suspender obras en su territorio por exigencias de un Gobierno extranjero.
