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Fiesta de delaciones en el juicio del caso Calamar

Admitir su participación y dar información para probar la acusación contra exfuncionarios de primera línea del entonces presidente Danilo Medina y de otros imputados en el caso Calamar, además de devolver bienes y mostrar arrepentimiento, fueron algunos de los acuerdos a los que llegaron 10 encartados con el Ministerio Público en este proceso judicial.

Ayer en la audiencia de solicitud de coerción, que se conoce en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, los encartados que admitieron las acusaciones que les hace el órgano persecutor son el economista Ángel Lockward, Roberto Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa y Marcial Reyes.

También admitieron su culpabilidad, Ana Linda Fernández, Emir Fernández, Oscar Chalas, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

A favor de estos, el Ministerio Público solicitaría a la jueza Kenya Romero homologar las negociaciones, cuyos términos varían según los datos que ofrecieron y su nivel de responsabilidad en los hechos que se les imputan.

Tal es el caso de Ángel Lockward. Luego de admitir su culpabilidad en algunas imputaciones, los fiscales solicitaron arresto domiciliario, además, de impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de siete millones de pesos.

Otros han admitido su participación en el supuesto entramado de corrupción que habría estafado al Estado con 19 mil millones, sin que hasta el momento hayan llegado a un acuerdo con el órgano persecutor.

El imputado Roberto Santiago Moquete Ortiz, también admitió en la audiencia que participó en la alegada red. Sin embargo, su abogado, Yoerikson Alcántara, manifestó que no se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público.

El jurista sostuvo que, para su cliente, el órgano persecutor mantiene la solicitud de prisión preventiva, como medida de coerción.

Moquete Ortiz, de acuerdo con el Ministerio Público, se asoció con los investigados Ramón David Hernández y Yajaira Encarnación Brito para realizar maniobras fraudulentas. Esto era para la transformación de las compañías Finca de Recreo Villa Mella, S.A. y Desarrollos Rurales S.A. y pasarlas a su nombre.

También lo acusan de entregarle a la presunta estructura criminal RD$296,637,125.29 a través de cesiones de crédito firmadas en la oficina del investigado Ángel Lockward.

Otro de los imputados en el caso Calamar que habría admitido su participación en la supuesta red, es Alejandro Antonio Constanzo Sosa.

De acuerdo con sus abogados, el encartado admitió que prestó su nombre para la red del caso Calamar.
Siguen defendiendo su inocencia

Contrario a los 10 encartados que habrían admitido los hechos, Donald Guerrero, exministro de Hacienda; Gonzalo Castillo, extitular del Ministerio de Obras Públicas y pasado candidato presidencial; y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y otros imputados, se mantienen en el proceso judicial defendiendo su inocencia.

Para la defensa de Gonzalo Castillo, la colaboración de los 10 imputados con el Ministerio Público, “no le afecta en lo más mínimo porque ninguno de los encartados que admitieron su participación” en la alegada red de corrupción mencionó al exfuncionario.

“Salvo el señor Ángel Lockward, quien dice que una persona (Fernando Crisóstomo), le dijo que Donald Guerrero le dijo que eso era para la campaña de Gonzalo Castillo. Contradiciendo las declaraciones que había dado públicamente antes de ser arrestado”, explicó Laura Acosta.

La jurista dijo que para la barra defensora de Gonzalo nada ha cambiado y continúa con su misma línea de defensa

Igualmente están implicados en este proceso Julián Omar Fernández, Agustín Mejía Ávila, Yahaira Brito Encarnación, Aldo Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

Tendrán que devolver dinero ilícito

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó que la colaboración de los imputados son las consecuencias directas de la contundencia de la investigación.

“10 de los 20 imputados han admitido los hechos ante el tribunal. Estas admisiones son las consecuencias directas de la contundencia de la investigación. Y de que esas defensas actuaron inteligentemente al darse cuenta de que las pruebas del Ministerio Público son irrefutables”, expresó.

El procurador indicó que esas admisiones corroboran todas las líneas que ha presentado el Ministerio Público en el proceso de investigación.

Camacho señaló que las declaraciones de los 10 imputados, fueron más lejos que las investigaciones que había realizado el órgano persecutor del supuesto entramado de corrupción. “Estas personas (colaboradores) tendrán que devolver dinero recibido ilícitamente, que siempre ha sido un fin del Ministerio Público”, concluyó.

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