En momentos en que los medios de comunicación se distraen en historias de la crónica rosa, el decano de la prensa nacional pone el dedo sobre la llaga, y trata los temas vitales para la preservación del estado de derecho que consagra nuestra Constitución. El Listín Diario históricamente ha jugado ese rol, de vigilancia y defensa de los valores esenciales de la democracia dominicana.
Esa tradición le ha llevado a mostrar su preocupación por un tema que afecta nuestra sociedad, que “amenaza con normalizar lo anormal, trivializar lo inmoral y socavar la confianza en nuestras instituciones”. Expresa preocupación por la coexistencia de una cultura de corrupción y soborno, que irradia toda la sociedad. Manifiesta su preocupación, porque “el país enfrenta una preocupante degradación del imperio de la ley, las normas y los valores morales”.
La muerte de doña Eladia María Mercedes en extremas condiciones de indefensión, tocó las fibras de la sociedad reflejada a través del decano; dicha señora, pese a ser beneficiaria de una sentencia definitiva, que ordena el pago de sus derechos sobre terrenos que heredó y los cuales fueron expropiados por el Estado para la construcción de obras públicas nunca recibió el pago debido, en una acción de desacato, en una injusticia extrema. Se podría decir que la negligencia, la mora judicial, la burocracia estatal y la indolencia le negaron los derechos más elementales.
El valor de los terrenos nunca le llegó, ni siquiera para atender sus necesidades básicas de salud. Así, este medio explica que “El Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en un agente de inseguridad jurídica”.
Precisamente, la inseguridad social y jurídica está presente en nuestra vida cotidiana. Así lo testimonian miles de expedientes de presos preventivos, como consecuencia de las carencias de nuestro sistema judicial.
No solamente en decisiones como la comentada, que tocan aspectos relacionados con el derecho de propiedad, sino casos tan desgarradores como el de más de 28 mil personas que se encuentran en las cárceles dominicanas, de las cuales aproximadamente el 70% se ven afectados por la prevalencia de la institución de la prisión preventiva como regla, no como excepción. Viven en condiciones que niegan la dignidad humana, sin que se haya agotado un procedimiento judicial, que concluya con dictamen de culpabilidad o inocencia. Son presos sin sentencias.
En efecto, un caso de esta naturaleza afecta al señor Antonio Carbone, un ciudadano canadiense atraído por el desarrollo de nuestra economía, en la creencia de que estamos en un país donde existe un estado de derecho. Entre los años 2011 y 2014 efectuó importantes inversiones de capital familiar y de otros socios, en sectores vinculados en propiedades inmobiliarias y empresas dedicadas a la gerencia de casinos, bancas deportivas y negocios lícitos de apuestas de loterías.
Empero, un grupo de personas, movido por la codicia, con apoyo de sectores poderosos, orquestaron un plan para destruir la buena fama de este inversionista. El primero de diciembre del 2014, a través de uno de sus empleados, presentaron una denuncia sobre un supuesto atentado, contra ese empleado, que por cierto, dormía plácidamente en su apartamento, a muchos metros de distancia.
Según el denunciante, el hecho se produjo en su vehículo, estacionado en la avenida Enriquillo, Los Cacicazgos, cuando éste estaba desocupado. En ese momento, Antonio Carbone se encontraba en su país de origen, Canadá, compartiendo con su familia.
Extrañamente, teniendo como única “prueba” la denuncia de quien se presentó como víctima, sin más pruebas que ésta, Antonio Carbone fue juzgado y condenado por un tribunal inexistente, conformado de manera irregular, sin que figuren los nombres o hayan sido identificados los supuestos autores materiales del incendio del vehículo, pese a la existencia de varias cámaras en el lugar. Lo lógico es asumir que los participantes directos “en el hecho” vincularon a Antonio Carbone, lo que nunca ha ocurrido.
El denunciante y supuesta víctima dijo que fue informado “momentos después de haber dejado su vehículo estacionado… que pasaran varias personas a bordo de motocicletas de datos ignorados”; desconoce a los autores materiales, pero identificó “a los supuestos autores intelectuales” del “atentado”, entre ellos a la verdadera víctima de esta novela de mal gusto, que en un proceso saturado de irregularidades, sin más pruebas que las palabras de un denunciante, resultó despojado de su libertad y de sus bienes.
Según se extrae del acta policial, el siniestro fue un extraño incidente, donde nunca fueron identificados los autores materiales, ni el nexo entre éstos y el supuesto autor intelectual, o autor “mediato,” como afirmó una sentencia judicial. Éstos, al día de hoy, son desconocidos según consta en las propias decisiones evacuadas por los tribunales.
Antonio Carbone se encontraba fuera del país en la fecha en que se produjo el incendio que se presume fue autoprovocado; lo cual consta en documentos oficiales depositados en los expedientes judiciales emitidos por las aerolíneas y la Dirección de Migración. No hubo víctimas materiales, nadie resultó herido, ni estuvo en peligro la integridad física de ninguna persona. Posteriormente, los querellantes y testigos fueron beneficiados de las acciones y derechos de propiedad que estaban a nombre de la real víctima, el señor Carbone.
Durante todo el proceso se dictaron varias decisiones judiciales que garantizaban la permanencia en libertad del señor Antonio Carbone mientras durara el proceso judicial; sin embargo, éstas nunca fueron ejecutadas, pese a las reiteradas peticiones de los abogados actuantes, frente a las anteriores y actuales autoridades del Ministerio Público.
Para hacer posible la ejecución de este plan, el querellante promovió y logró la suspensión del presidente del tribunal colegiado que estaba apoderado del proceso, al magistrado Rafael Pacheco. De ese modo, dio paso a la integración de un tribunal que conforme pudo comprobar el Tribunal Constitucional, fue conformado en violación de la Constitución y la ley, al determinar que una de las juezas, para ese momento era solo una aspirante a juez de paz.
Cabe destacar que la magistrada que asumió la presidencia del tribunal emitió un voto disidente, favoreciendo la absolución de Antonio Carbone. No obstante, dicho ciudadano fue condenado por este tribunal inexistente, ya que una de las dos juezas que dictó la sentencia no tenía calidad para ser designada juez de primera instancia, incurriendo en una falta mayúscula, evidenciando que se integró un tribunal irregularmente, para condenar un inocente.
En este sentido, nueve años después, el Tribunal Constitucional, mediante una histórica sentencia, la TC/0515/23, del 17 de agosto de 2023, de forma unánime, dictaminó que la sentencia de primer grado fue dictada por un tribunal irregularmente conformado, en violación de la Constitución de la República y los pactos de derechos humanos, en inobservancia del principio del juez natural, ya que la juez suplente designada y decisiva en el caso, en ese momento, carecía de calidad para esa función, y era una simple aspirante a juez de paz, es decir, no cumplía con los requisitos exigidos por la ley.
Lo que hemos narrado es la mejor evidencia del colapso del estado de derecho. Ningún ciudadano, nacional o extranjero, se encuentra protegido por los derechos que consagra la Constitución. Cualquier grupo de “vivos”, de personas conectadas con el Poder, puede influir en el curso de la justicia, llevar a los tribunales a cualquier persona cuyos bienes sean ambicionados, y apropiarse de éstos, sean nacionales o extranjeros. El señor Antonio Carbone, quien presentó un padecimiento del Mal de Parkinson en su período en prisión, es un vivo ejemplo de lo permeable del sistema. Podemos afirmar sin temor a dudas, que es una víctima del sistema.
La justicia dominicana tiene oportunidad de demostrar a la comunidad internacional, a los inversionistas privados y extranjeros, que la seguridad jurídica de que habla nuestra Constitución no es un mito, sino una realidad, y que la justicia no puede ser manipulada por intereses corporativos o de grupos, sino que siempre estará al servicio de la verdad.
Al concluir, reproducimos la interrogante del decano: “¿Cómo llegamos hasta aquí? Tal vez la raíz del problema esté en la desidia de las autoridades, en la falta de consecuencias claras para quienes violen la ley, y en una cultura social que premia la viveza y el irrespeto a las normas”.
Se ha cometido un crimen atroz en vida, por ambición y codicia, contra un ser humano, por un crimen que no cometió, lo que ha permitido de nuevo, que deliberadamente haya triunfado el mal. Es hora de que nuestras autoridades descubran lo que ya existe, una Constitución que garantiza los derechos de nacionales y extranjeros; que genera confianza en nuestra democracia en construcción. Por lo que, en este caso nos preguntamos, ¿Triunfará la verdad y la justicia o se impondrá el mal?
Tomado de Listín Diario
