Tras un reportaje realizado en el programa Toda la Verdad y publicado en este medio, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) respondió a la ciudadanía con una aclaración que no se corresponde con la realidad y con la que falta a la transparencia.
El caso de la adjudicación del contrato superior a los 295 millones de pesos por el alquiler de un local inexistente en Punta Cana a una empresa cuyo beneficiario final es el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, sigue siendo preocupante, pues las autoridades en lugar de aclarar ocultan la realidad de los hechos.
En un comunicado, Bartolomé Pujals, director de Ogtic, asegura que la institución que dirige canceló el referido contrato y que el mismo no se llegó a firmar, sin embargo, una carta de Jacinto Badui Howley Dumit Serulle, quien figura como adjudicatario del proceso para la “Contratación y puesta en funcionamiento del Centro de Servicios Presenciales, Punto GOB Punta Cana”, indica que este renunció a la realización de la obra y es cuando posteriormente se da la cancelación del contrato.
“Por medio de la presente solicito la renuncia anticipada al contrato de referencia No. OGTIC[1]CCC-PEEX-2024-0001, en virtud de que el Fideicomiso Inmobiliario y de Garantía para Desarrollo del Proyecto Velero at Punta Cana, propietario del terreno y del local en el que se contemplaba realizar la puesta en funcionamiento del punto Gob. Punta Cana, nos ha notificado que no podrá entregar en el tiempo previsto por causas de fuerza mayor”, se lee en la carta de renuncia enviada por Dumit Serulle al director de Ogtic.
En adición, Howley quien según información de una fuente confiable fue un importante aportante a la campaña presidencial de la campaña del 2020 del actual mandatario, atribuye como parte de la recisión del contrato situaciones personales, de salud y familiares, que de acuerdo a la misiva le impedían desarrollar este proyecto con éxito. De no existir esta renuncia, el curso de lo convenido entre ambas partes hubiese continuado. De manera que, la cancelación del contrato no debe ser vista como un punto a favor de Ogtic.
Sobre la adjudicación directa
En su comunicado, la Ogtic expresa que hubo un proceso de excepción en el que permitía la participación de hasta cinco oferentes, y que otras empresas tuvieron la oportunidad de participar por lo que no se adjudicó de manera directa. En este sentido, llama la atención que la obra se adjudicara a un funcionario que sería el beneficiado final. En este caso como parte del proceso de depuración que se sigue en estos procesos lo correcto debió ser descartarlo de manera inmediata.
“Evidentemente que la intención de montar el proceso de licitación tenía un objetivo, el de beneficiar al oferente que resultó ser una empresa en cuya composición accionaria, aparece el ministro de Vivienda, aprovechando la discrecionalidad de un fideicomiso”, subraya a Panorama el presidente de Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco).
Julio Cesar de la Rosa precisa que “aunque el proceso fue dejado sin efectos, supuestamente por la imposibilidad de entregar en la fecha prometida, la intención manifiesta de favorecerlo como indica el informe técnico para la adjudicación, se interpreta como la tentativa de crimen que, en materia penal, se castiga como el crimen mismo”.
Autoridades Ogtic debían conocer que Bonilla estaba involucrado en proyecto Punto GOB Punta Cana
Dentro de la documentación técnica requerida en el Pliego de Condiciones del proceso en cuestión, se estableció como requisito indispensable la copia del certificado de registro de título o su equivalente a nombre del oferente, la cual debe demostrar el derecho de propiedad del inmueble. Este documento forma parte de las condiciones legales y técnicas obligatorias, necesarias para validar la elegibilidad del participante y garantizar que el inmueble cumpla con las especificaciones requeridas.
El Fideicomiso Velero at Punta Cana, al que hace referencia el comunicado, está compuesto por las empresas CBS Developments, SRL y Constructora Velero CDE , SRL, empresas que aparecen de manera específica como socio accionista el ministro Bonilla Sánchez, y las cuales son parte integral de la figura del Fideicomiso creado.
Bonilla en documentación verificada figura como fideicomitente y beneficiario directo del fideicomiso, por lo que, permitir que un oferente presente un contrato de alquiler con opción a compra en lugar de un certificado de propiedad representa una contradicción directa con el pliego. Si el inmueble debía cumplir requisitos técnicos desde el inicio (como se establece en las especificaciones no subsanables), el contrato de alquiler no puede garantizar que el local propuesto cumpla las condiciones exigidas.
Tomado de Panorama
