La administración de Donald Trump deportó El Salvador a otros 17 migrantes señalados como supuestos pandilleros, informó este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La operación se llevó a cabo pese a que existe una batalla legal en curso en EE.UU. por el traslado desde EE.UU. de migrantes al Cecot, la prisión de máxima seguridad del país centroamericano.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que entre los deportados hay miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13, aunque no aportó pruebas.
Representantes del gobierno de El Salvador, por su parte, indicaron a la BBC que el grupo estaba compuesto por venezolanos y salvadoreños.
A principios de este mes un tribunal ordenó detener las deportaciones realizadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, un precepto de 1798 que solo se había aplicado en tiempos de guerra.
Se desconoce si esta misma ley se ha usado de nuevo para deportar a las 17 personas.
Qué se sabe de los deportados
En su comunicado, Rubio afirmó que el grupo incluía a “asesinos y violadores”, pero no aportó nombres ni detalles de los presuntos delitos o condenas.
En una publicación en la red social X, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió un video en el que muestra a hombres siendo bajados de un avión y llevados a celdas de prisión.
“Todos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluyendo seis violadores de menores”, escribió, aunque también omitió sus nombres y los detalles de los presuntos delitos.
Una lista publicada por un medio estadounidense y validada por la Casa Blanca sugiere que, de los 17 deportados, al menos 12 tenían antecedentes penales, uno confesó ser pandillero y tres enfrentaban cargos.
El restante, según la información disponible, no habría sido condenado por delito alguno.
Bukele agregó que “esta operación es un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.
El Salvador acordó con la administración Trump acoger a presuntos delincuentes deportados desde Estados Unidos a cambio de 6 millones de dólares.
El pasado 16 de marzo un avión con 238 venezolanos deportados por Estados Unidos aterrizó en El Salvador, horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno de Donald Trump no hacerlo.
BBC Mundo habló en Venezuela con familiares de algunos de los deportados, que aseguraron que estos no habían cometido ningún delito ni pertenecían a ninguna pandilla y han alegado, entre otras cosas, que fueron señalados por llevar tatuajes.
El gobierno de Venezuela está realizando gestiones para lograr la liberación de los deportados.
La batalla judicial
La llegada de los primeros deportados al país centroamericano se produjo pese a que un juez federal le había impedido al presidente Trump invocar la citada ley de 1798 para justificar las deportaciones.
También provocó una oleada de críticas internacionales debido a las condiciones del traslado: fueron esposados, rapados y encerrados sin contacto con el exterior ni acceso a representación legal.
Sus familias no fueron notificadas y muchas se enteraron por los medios de comunicación.
Después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a más de 100 venezolanos de Estados Unidos a principios de este mes, grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward presentaron una demanda en la que alegan que el gobierno denegó ilegalmente el debido proceso a estos inmigrantes.
En una audiencia celebrada el 15 de marzo, James Boasberg, el principal juez federal en Washington D. C., impuso una orden de restricción temporal sobre el uso de la ley y ordenó que se revirtieran los vuelos de deportación que estaban en vuelo.
Sin embargo, las deportaciones continuaron y la Casa Blanca ha pedido al Tribunal Supremo que levante las restricciones. La próxima audiencia del caso se celebrará este jueves.
Mientras tanto, Washington también ha reanudado los vuelos de deportación directamente a Venezuela: este domingo un avión con 175 migrantes aterrizó en Caracas tras un acuerdo reciente entre ambos gobiernos.
Tomado de BBC Mundo
