Siguen circulando muchos videos en torno a la muerte del comunicador Manuel Taveras Duncan y hay muchos criterios encontrados a favor y en contra del perpetrador, el Vicealmirante Félix Albuquerque Comprés.
Discernimientos que han aumentado desde que este lunes, el juez Juan Francisco Rodríguez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, se inhibiera del caso y aplazara hasta próximo 31 de agosto la audiencia para conocer la medida cautelar contra el retirado miembro de la Armada Dominicana.
“Creo que hay que saludar la decisión honesta y responsable del juez que, en actitud de responsabilidad propia, al reconocer que se había manifestado prejuiciosamente al conocer el caso, decidió aplazar el conocimiento de la medida cautelar”, expuso Marcos Martínez.
Otro de los detalles que ha trascendido sobre el incidente ha sido el informe presentado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que declara que ciertamente el acusado tiene lesiones que se curarán en un período de 22 a 30 días. De acuerdo al documento el imputado presenta varios traumas y golpes contusos.
“Pienso que la pérdida de una vida siempre es lamentable, pero sin ánimo de justificar, los invito a que se pongan en el lugar del Vicealmirante, a que escuchen los testimonios de los testigos y vean las declaraciones que hicieron los expertos del Inacif.
“A él lo que lo perjudica es el segundo tiro que le da al comunicador deportivo, si no lo hubiera hecho una vez este ya estaba en el suelo, esto hubiera sido un caso de homicidio involuntario, pero como hizo un segundo disparo, ahí manifestó la intención de matar”, declaró el conductor del programa Pasando Revista de Luna TV canal 53.
“Es precisamente por este segundo balazo que hay opiniones diversas en torno al caso, muchos hablan de homicidio involuntario y otros de homicidio voluntario; mientras hay un sector de la comunidad jurídica que plantea que eso fue un homicidio excusable. El hecho de que ambos individuos estuvieran bajo la influencia del alcohol, influyó también negativamente en el desenlace fatal”, recalcó Juan Bonilla.
La acusación había solicitado un año de prisión preventiva contra quien fuera presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), al igual que la familia del fallecido.
Por su parte, el abogado José Ariza, de la defensa de Alburquerque, afirmó que su representado, en arresto desde el pasado sábado tras presentarse voluntariamente en dependencias de la Procuraduría General de la República (PGR), “está arrepentido” de lo sucedido.
La Fiscalía en tanto ha argumentado en su solicitud que la medida cautelar a imponer en este caso debe ser prisión preventiva, debido a que Alburquerque no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos; además, considera que existe el peligro de fuga por tratarse de un hecho grave.
