Fue el abogado Félix Portes quien prendió las alarmas en redes sociales al denunciar públicamente a un reconocido colegio privado de Santiago, que se autodenomina “cristiano” y “sin fines de lucro”, pero que cada año exige a sus estudiantes —en realidad a sus padres— reunir más de UN MILLÓN DE PESOS para una supuesta “actividad voluntaria y tradicional”.
De acuerdo a la denuncia de Portes, la institución utiliza eufemismos como “voluntaria” para disfrazar lo que claramente es una imposición disfrazada. “Dicen que es opcional, pero los padres saben que es obligatorio y lo hacen por temor a represalias o a que sus hijos sean discriminados”, comentó indignado.
La crítica va más allá del monto solicitado, que se suma a una ya costosa matrícula anual, y apunta al modelo de presión y manipulación emocional que, según el letrado, se ejerce sobre las familias. “Esto no es un colegio, es un comercio. Perdón, un comercio disfrazado de colegio cristiano”, manifestó con tono irónico.
Padres afectados, aunque temerosos de hablar públicamente, han confirmado la situación de manera anónima, afirmando que “nadie se atreve a negarse” y que quienes han tratado de cuestionar la práctica son tildados de conflictivos o simplemente excluidos de futuras actividades.
La denuncia ha generado debate sobre los límites entre lo “voluntario” y lo “impuesto” en las instituciones educativas privadas del país, y sobre la transparencia en el uso de fondos dentro de entidades que se proclaman sin fines de lucro.
