La fiscal de Perú, Patricia Benavides, denunció en el Congreso a la presidenta del país, Dina Boluarte, y al primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023.
También contra los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero. A los cinco los denuncia por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.
Este lunes se llevó a cabo la operación “Valquiria V”, a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), que acusa a Benavides de ser la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.
Como parte de este operativo, detuvo al que era hasta ayer el gerente central del Despacho de la Fiscalía, Jaime Villanueva.
Benavides afirmó en su mensaje que esta investigación es “un ataque premeditado” de quienes se oponen a su labor.
“Esta madrugada, el Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder”, dijo Benavides.
La fiscal indicó que la institución que dirige tiene a cargo casos de máxima relevancia con personas que van a intentar utilizar su poder para “obstruir la justicia”.
Investigación a Dina Boluarte por las muertes
El pasado 24 de octubre, la Fiscalía extendió por ocho meses adicionales la investigación por las muertes en las protestas.
Por ese caso, Dina Boluarte acudió a declarar a la Fiscalía el pasado 27 de septiembre, cuando ratificó las explicaciones que ya dio en junio pasado sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre a marzo pasado en su país y pidió que se cierre la investigación que se sigue en su contra.
La mandataria fue citada como parte de la investigación preliminar abierta contra ella y otras altas autoridades de su gobierno por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
Tomado de EFE
