De acuerdo al Ministerio Público otra de las modalidades utilizadas para estafar al Estado, por los acusados en el caso Medusa era la contratación de supuestos servicios de transporte que los firmantes de los contratos no ejecutaban, sino que el dinero era utilizado por los acusados.
Según consta en la acusación los acusados los acusados Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, luego de firmado los contratos se comunicaban con los supuestos prestadores de servicios y les decían que en sus cuentas se había depositado por error unas cantidades de dinero que debían retirar y entregar junto a una tarjeta de débito a la persona que designaban para esos fines.
“En el curso de la investigación de diversos hechos de corrupción que involucran al exprocurador General de la República el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y a gran parte de sus principales colaboradores, fueron detectadas irregularidades en servicios de transporte contratados por la Procuraduría General de la República, por lo que se inició una verificación respecto a veintidós contratos de servicios de transporte, contraídos por la Procuraduría General de la República, representada mediante Poder Especial de fecha 24 de octubre del año 2016, por el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y los señores Angely Annerys Villar Augusto, Anaimy Rosibel Frías Mendoza, Anselmo Augusto, Elam Miguel Ramírez Pérez, Juan David Tejada Santana, Michael Javier Sepúlveda, Miguel Ángel Gómez Rosario, Roberto Augusto, Frank Luis Santana Matos, Leonel Fermín Rodríguez, Víctor Samboy Feliz, Mallia Bartólo Figueroa Evangelista, Frank De León Fermín, Carmen María Segura, Elías Núñez, Ana Dianelva Rodríguez Regalado, Lissett Mabel Pérez, Ana Dolores Regalado de Gómez, Leoncia Suárez, Suzi Yesenia Pérez Suárez, Natividad Francisca Ortega Santos y Merquiades Feliz Matos”.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca): “con lo anterior se verifica, una vez más, las múltiples maniobras fraudulentas para estafar al Estado dominicano, cometidas en coalición de funcionarios, por los acusados Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con la utilización de documentos con firmas falsificadas de Lissett Mabel Pérez y Elam Miguel Ramírez Pérez”. Estos eran hijo de una empleada de la Procuraduría que le había solicitado una ayuda para resolver un tema de salud.
“De acuerdo a las certificaciones de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintidós (2022), emitidas por Silvya Rafaela Marte Corporán, Encargada del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, desde el año 2019 hasta el año 2020, el señor Elam Miguel Ramírez Pérez y la señora Lissett Mabel Pérez, cobraron por concepto de servicios de transporte, la suma total de un millón cuatrocientos setenta mil pesos dominicanos (RD$1, 470,000.00)”, dice el expediente.
Más de un millón a un solo «suplidor»
“Otro de los contratos con irregularidades detectadas, vinculados al acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, es el Contrato Servicio de Transporte No. 0722/19, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), entre la Procuraduría General de la República Dominicana, representada por el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y el señor Juan David Tejada Santana, en el cual este último se comprometía a realizar los servicios de transporte del personal de la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Provincia Hermanas Mirabal, por lo cual recibiría un pago mensual de ciento veinticinco mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$125,000.00), con un vigencia desde el primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) hasta el primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), para un monto total de un millón quinientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,500,00.00); este contrato fue registrado en la Contraloría General de la República, mediante el registro No. BS-0000668-2020 de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020)”, dice la acusación.
